Director Ejecutivo CEM-USACH analiza reporte trimestral sobre denuncias de ingresos por pasos no habilitados

Denuncias de ingresos por pasos no habilitados en la región suben casi un 70%

En el primer trimestre del 2026, en la Región de Antofagasta se registraron 329 denuncias por pasos no habilitados, correspondiente al 7% del total nacional (4.860), según cifras del Servicio Nacional de Migraciones presentados al Congreso a fines de abril.

Lo anterior representa un incremento de un 69,59% si se compara con el primer trimestre del año pasado, en donde hubo 194 denuncias. En el desglose por mes, en enero se ingresaron 112 denuncias, 98 en febrero y 119 en marzo en la región.

Con lo anterior, Antofagasta se posiciona como la tercera región con mayor porcentaje de denuncias, empatando con Tarapacá, y siendo superada por Arica y Parinacota (13%) y Metropolitana (35%).

Y si bien en el total nacional hubo un descenso entre los primeros trimestres del 2025 y 2026 (-23,79%), Antofagasta está entre otras zonas que presentaron un alza. Por ejemplo, la Metropolitana subió drásticamente de 232 denuncias a 1.688, mientras que Arica y Parinacota pasó de 421 casos a 615 de forma interanual.

ANÁLISIS 

Byron Duhalde, académico del Centro de Estudios Migratorios de la U. de Santiago (Usach), explica que "el alza en Antofagasta y la Región Metropolitana evidencia un desplazamiento geográfico del fenómeno. Mientras Tarapacá, que concentraba históricamente el principal punto de ingreso, cayó de 54 a 6,5% del total entre 2025 y 2026, la Región Metropolitana pasó de 3,6 a 35% y Antofagasta creció 69,6%. Esto sugiere que, al reforzarse el control fronterizo en el extremo norte, los flujos buscan han buscado rutas alternativas ose detectan más tarde, ya en tránsito hacia el centro del país, donde persisten polos de atracción laboral como la agricultura y el mercado informal santiaguino".

DE LAS EXPULSIONES 

El sociólogo Lorenzo Agar, especialista en demografía y migraciones, apunta también a un conflicto expuesto en el informe, y que tiene que ver con las dificultades para concretar expulsiones de venezolanos. 

"La dificultad que se plantea en el informe con la expulsión administrativa de población venezolana es un gran problema, puesto que no hay en este momento vínculos consulares con Venezuela. Como ves en la cifra, no hay expulsados venezolanos porque ningún país los va a recibir. La única forma es que tengan documentos y que Venezuela esté dispuesta a recibirlos por vía terrestre o aérea. En este momento no hay vínculos aéreos, terrestres ni consulares. A mi juicio, este es el punto principal que el Estado de Chile, a través del gobierno, debe resolver". 

"Se deben reanudar lo antes posible los vínculos consulares. Hoy sabemos que Estados Unidos tiene una influencia bastante fuerte en Venezuela, por lo tanto, es posible conversar con ellos para que hagan ver a Venezuela la importancia de recibir a la población venezolana que pueda ser expulsada hacia ese país", añade. 

Mientras que, Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la U. Andrés Bello, sostiene que "existen varios obstáculos que dificultan el control migratorio y la ejecución de expulsiones, por lo que las medidas necesarias apuntan a fortalecer estas áreas. Entre ellas destacan avanzar en reformas legales que permitan ampliar las expulsiones de personas condenadas por ciertos delitos, mejorar la cooperación internacional para la identificación y repatriación de migrantes -especialmente en el caso de Venezuela, donde el cierre de la representación diplomática y las restricciones aéreas dificultan los procesos-, y otorgar mayores herramientas operativas a la PDI para localizar y materializar expulsiones". 

"Asimismo, resulta clave reforzar la coordinación institucional y los mecanismos de control fronterizo para prevenir nuevos ingresos irregulares", añade el académico. 

Urquízar asegura que "el operativo contra el 'Niño' Guerrero, de forma conjunta entre EEUU y Venezuela, da una luz de esperanza para que las relaciones con Chile se puedan restablecer, impactando directamente en las expulsiones". 

Finalmente, Byron Duhalde, académico de la Usach, plantea que, "por una parte, urge reforzar el control en los pasos menos vigilados desde Bolivia hacia Antofagasta y fortalecer la cooperación internacional, en el marco de instancias como el Proceso de Quito, por ejemplo, para enfrentar a las redes de tráfico de personas que operan en frontera, teniendo en consideración la situación de quienes provienen de Venezuela, cuyo desplazamiento responde a una crisis prolongada que se ajusta a la noción de desplazamiento forzado, y donde los Estados no han podido coordinar de manera sistemática respuestas regionales".

Fuente: El Mercurio de Antofagasta