Dra. Adriana Palomera analiza complejidades de propuesta de modificación a Ley de Migraciones para reportar a migrantes en condición irregular

La Dra. Palomera cuestionó la iniciativa que busca obligar a funcionarios de la salud y la educación a denunciar a migrantes en situación irregular, facilitando así su eventual expulsión del país. “Me parece que es una medida cerrada. Demuestra también (...) lo desorientado que se está respecto al tema de la inmigración y los mecanismos oficiales que ya existen para la expulsión y la identificación de la población inmigrante irregular”, señala la académica. 

La Directora Académica comparó la iniciativa con las políticas implementadas en el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, advirtiendo que este tipo de medidas genera un peligroso clima de temor. Según explicó, la experiencia internacional demuestra que el miedo a ser denunciados en los sistemas de salud provoca que la población migrante deje de asistir a la atención médica primaria, con los riesgos sanitarios que eso conlleva. “Si yo voy a atenderme a la salud pública que dice que me van a denunciar, inmediatamente no asisto”, alertó la especialista.

Asimismo, menciona que no sólo se trata de un problema de salud pública, sino también un problema respecto a otras temáticas como la educación y a la protección de los datos privados: “Demuestra el fracaso del control migratorio de aquellas organizaciones, organismos o instituciones públicas que son las encargadas de hacerlo”, señala.

Respecto a la regularización y el escenario migratorio en Chile, Palomera argumentó que la evidencia global demuestra la ineficacia de las medidas basadas exclusivamente en la represión y el control policial, advirtiendo que en esta materia, “ninguna política es cien por ciento efectiva”. También cuestionó la ejecución de las herramientas estatales vigentes, planteando la interrogante sobre la promesa inicial incumplida de un control migratorio total: “Tiene que ver con los presupuestos, también tiene que ver con la normativa internacional, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de las personas, sobre todo si son niñas y adolescentes”, sostuvo.

La investigadora concluyó que es un error obligar a reportar a profesionales que no cuentan con la preparación para tareas de control: “Profesores que tienen que denunciar a sus estudiantes, gente que trabaja en la salud que tiene que hacer eso. Me parece que es un peligro incluso en términos de la sociedad que queremos ser”, subrayó.